Rechazada la derogación de la Ley Foral por la que se garantiza el mantenimiento del profesorado de religión en los centros públicos
Con las enmiendas de GB, se blindaba el carácter «indefinido» de todos los docentes en activo, en el caso de los de 55 años o más manteniendo intactas sus actuales condiciones
El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin, G-Mixto y no adscrita y el voto a favor de Geroa Bai, la propuesta de derogación de la Ley Foral 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra.
El contenido definitivo de la proposición de Ley venía determinado por la incorporación de sendas enmiendas de adición presentadas por Geroa Bai, con el fin de mantener al actual profesorado de religión (128) al margen de las consecuencias de la derogación de la Ley Foral 15/2022, de manera que todos conservaran la relación laboral de carácter indefinido.
Los que en el año de entrada de la nueva Ley cumplieran 55 años, mantendrían íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación por jubilación y renuncia. El resto quedaba sujeto a las eventuales modificaciones que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes (jornada) o las decisiones organizativas que pudiera acometer la Administración (destinos y funciones), siempre y cuando no supusiera un “menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”.
Geroa Bai ha defendido que el personal laboral que imparte religión católica en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato goza de un vínculo laboral indefinido y, en muchos casos, se encuentra próximo a la jubilación, motivo añadido para tratar de evitar que la disminución de la carga lectiva haga mella en sus “derechos adquiridos”.
En similares términos se han pronunciado las portavocías de UPN, PPN y G-Mixto, quienes, entre otros, han subrayado la ausencia de carga económica añadida para las arcas públicas.
Fuente: adaptado de www.parlamentodenavarra.com