LAS DIÓCESIS PIDEN UNA DEFENSA COMÚN PARA LA CLASE DE RELI

La situación de la clase de Religión católica con la LOMCE ha generado una oleada de preocupación en las diócesis españolas. Los Delegados episcopales de Enseñanza denuncian que el caos autonómico, los incumplimientos legales del Gobierno y los ataques mediáticos han puesto en riesgo a esta asignatura, que aporta valores claves para combatir la emergencia educativa que padecemos; y piden un frente común de familia, profesores, sindicatos, centros y obispos

«La clase de Religión está dentro del programa de todos los grupos políticos, pero, para casi todos, en sentido negativo. Dicen: Ganemos votos entre los críticos. Es curioso que intenten ganarse a este grupo pequeño, tan crítico y ruidoso, que se impone a la mayoría, porque no olvidemos que 2 de cada 3 familias apuntan a sus hijos a clase de Religión. Hoy, en España, la asignatura de Religión es un rehén en manos de los políticos». Ésta es la denuncia de Rafael Blanco, Delegado de Enseñanza de la diócesis de Salamanca, que pone palabras a la sensación de desconcierto e inquietud que está recorriendo las diócesis españolas de Norte a Sur y de Este a Oeste.

Buena prueba de la preocupación general sobre el estado en que ha quedado esta asignatura tras la entrada en vigor de la LOMCE (recorte horario de hasta el 50% en algunas Comunidades; ausencia total en la FP; violación de los Acuerdos Iglesia-Estado; posibilidad de que no se oferte en Bachillerato, etc.) es que, aunque la pasada semana los Delegados diocesanos de Enseñanza de toda España se reunieron en Madrid para participar en una jornada sobre la emergencia educativa a los 50 años de la Declaración post-conciliar Gravissimus educationis, el asunto más comentado en los grupos de trabajo y en las charlas de pasillo fue, sin embargo, el de la clase de Religión.

Una de las quejas recurrentes entre las Delegaciones de Enseñanza (que, en la práctica, son las responsables de seleccionar, coordinar y formar a los profesores de Religión en cada diócesis) es que el sistema autonómico genera «un caos total» a la hora de impartir la asignatura: cada Comunidad Autónoma, al tener las competencias de educación transferidas, legisla en torno a esta materia de forma aislada, y pone más o menos trabas según la sensibilidad del partido en el Gobierno. Así, los profesores se topan con un problema extra: diócesis que comparten realidades sociales similares y que pertenecen a una misma Provincia Eclesiástica, pero a Comunidades distintas, no pueden tener los mismos materiales, ni el mismo horario, ni los mismos interlocutores, ni el mismo criterio de formación del profesorado, ni siquiera el mismo régimen de contratación. Además, las Autonomías más hostiles se escudan en una interpretación sui generis de la Ley, según la cual los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede atañen al Gobierno central, no a las Autonomías, pues el Estado ha transferido las competencias, y las Comunidades no han suscrito acuerdos con la Iglesia. Es decir, que asumen los derechos que les otorga el Estado, pero no las responsabilidades que conllevan.

No todos los males se deben al sistema autonómico. Como explicaron para Alfa y Omega los responsables de varias diócesis, tras la reunión que mantuvieron en Madrid, los Delegados comparten «un sentimiento de traición frente al Gobierno del PP, que ha dejado a la clase de Reli fuera de FP, ha recortado el horario y permite que no se oferte en Bachillerato. Parece que no quieren que siga en el currículo, y que nos ha tomado el pelo en la negociación».

Según ha podido saber Alfa y Omega, las negociaciones entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se han desarrollado desde hace meses en diferentes niveles, desde el Ministerio hasta el propio Presidente Rajoy. Fuentes próximas a estas negociaciones señalan que, «cada vez que se dialoga con el Gobierno, este tema se trata siempre, porque la Iglesia entiende que la clase de Religión es un derecho constitucional de las familias; un asunto en el que hay muchos profesores seglares implicados; y porque esta materia aporta claves para la formación integral de la persona que son fundamentales para superar la actual emergencia educativa».

La voluntad del Gobierno, sin embargo, queda reflejada en dos hechos: el primero es que, según explican las mismas fuentes, «siempre que se habla con Rajoy hay que pasarle una pro-memoria para recordarle los detalles del asunto, porque parece que no le da importancia». Y, el segundo, es que una semana después de que la Comisión de Enseñanza de la CEE se reuniese con el ministro Wert, para plantearle el problema de la Religión en Bachillerato, y de que éste prometiera estudiarlo, el Ministerio aprobaba el Decreto que la dejaba fuera de la oferta obligatoria en este tramo escolar. Una decisión que, como adelantó este semanario en el mes de mayo, ya había sido tomada con anterioridad por el Ejecutivo, alegando una interpretación no literal de los Acuerdos.

A la hora de plantear sus argumentos y reivindicar los derechos de las familias, la Iglesia se está encontrando, además, con otro escollo: «El Gobierno –dicen las mismas fuentes– trata los Acuerdos como un Convenio de Cooperación similar al que tienen otras religiones, cuando es un Tratado Internacional con rango de Ley Orgánica; es decir, no es una donación generosa del Estado, sino un derecho fundamental de los españoles».

En pleno año electoral, el futuro no parece tranquilizador. Por eso, los responsables de Enseñanza de las diócesis estudian ya la forma de resucitar el abandonado Consejo de la Educación Católica, y crear un frente de acción común que incida a gran escala en la opinión pública, y que movilice a las asociaciones de padres, a los sindicatos de profesores, a los titulares de centros católicos, a las diócesis y a la CEE. Todo para revertir una situación que ha dejado a la clase de Religión en estado de emergencia.